Necesitamos garantizar los recursos necesarios. Y, como ya saben, las diputaciones tenemos el mejor instrumento para poner el autogobierno al servicio del bienestar: La fiscalidad.
En el año 2013, fruto del acuerdo con el PNV, se realizó una reforma fiscal que ha dado sus frutos. Ha permitido garantizar ingresos suficientes para el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad y el apoyo a la economía productiva dentro de un marco razonable de progresividad. Los cambios y contingencias como la pandemia y la Guerra de Ucrania han exigido adoptar distintas medidas coyunturales que deben ser evaluadas. Además, nos enfrentamos a nuevos escenarios que exigen nuevas políticas fiscales.
En definitiva, necesitamos y vamos a impulsar una reforma que profundice en la progresividad, que tenga como compromiso prioritario la lucha contra el fraude fiscal, contra la evasión y elusión de impuestos y que genere una fiscalidad que responda a las transiciones tecnológica, medio ambiental y social.
En este sentido es fundamental revisar el verdadero impacto fiscal del sistema de deducciones, bonificaciones y exenciones de los distintos impuestos para que, el gasto fiscal, también sea progresivo. Y, sin duda, aplicaremos el impuesto a las grandes fortunas.